Luego de que se produjesen cientos de casos de enfermos de cáncer en la provincia de Córdoba, una ONG presentó una denuncia ante la Justicia Federal contra el uso indiscriminado de pesticidas tóxicos en plantaciones de soja. Junto a ello, la organización denunciante, llamada Grupo de Reflexión Rural, solicitó la aplicación de una medida cautelar con el fin de que la comercialización de dichos productos sea suspendida hasta que se puedan determinar las responsabilidades penales. Según surge de la denuncia, se estaría produciendo una violación a la ley Nacional de Medio Ambiente, debido a que si se hubiese cumplido lo establecido en la misma, dichos agrotóxicos no se hubiesen autorizado. La denuncia en cuestión, acusa a los fabricantes de los pesticidas del delito de estafa y/o defraudación, mientras que a los funcionarios estatales los acusa del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La agrupación denunciante, solicita que sean investigados tanto los fabricantes de dichos materiales, como los funcionarios provinciales y nacionales responsables por el uso y la comercialización de tales químicos, especialmente aquellos que actúan en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente.