La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra analizando proyectos mediante los cuales el Poder Ejecutivo porteño pretende tener un mayor control sobre el Poder Judicial. Las iniciativas en cuestión, las cuales se encuentran siendo analizadas en las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, establecen la posibilidad de que exista un límite en la cantidad de amparos que se pueden presentar contra el gobierno y la posibilidad de que un juez pueda ser recusado por el Poder Ejecutivo sin necesidad de expresar causa. Tanto la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires como los legisladores opositores, ya han demostrado su disconformidad con los proyectos. El Defensor General porteño, Mario Kestelboim, expresó que mediante estos proyectos no se les permitiría a las personas de escasos recursos poder reclamar ante las autoridades judiciales, debido a que no poseen bienes con los cuales puedan responder. Por su parte, en la postura manifestada por los legisladores opositores, entre las que se destaca la esgrimida por el ex Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, consideran que es un avance sobre las facultades  judiciales para que en aquellas causas en las que se vea involucrada la gestión, sean tratadas por los jueces que le son afines al gobierno. El legislador Martín Borrrelli, quien presentó el proyecto mediante el cual se puede recusar jueces sin necesidad de alegar causas, expresó que no es un mecanismo de elección de jueces por el Ejecutivo, ya que sólo podrá ser recusado un juez una sola vez, y posteriormente la causa se vuelve a sortear entre todos los magistrados. En cuanto al otro proyecto, el cual tiene por objetivo regular las medidas cautelares contra la administración, se destaca que quien realice un reclamo por vía del amparo, deberá a su vez prestar  una contracautela. Con dicho respaldo económico, se busca solventar los daños que se pudiesen producir en caso de que el pedido no fuese razonable.