El emprendedor y la norma
Por Carlos María Ascúa
Ascúa, Lassaga & Negri Aranguren - Abogados

La vida en sociedad desde su inicio, necesito de normas que regulen la convivencia.

 

Al principio prevaleció la ley de la fuerza, pero milenios adelante con el avance cultural   la  brutalidad mutó a un sistema regulado de poder con la  función específica de legislar.

 

Hoy, la mayoría de los Estados  acusan esta organización que escalonados territorialmente -nacional, provincial y municipal- se encargan de legislar  a través de leyes, decretos, ordenanzas, etc.

 

Vale un paréntesis inicial para destacar que esa división de facultades legislativas y diferentes competencias,  en infinidad de supuestos superponen normas sobre mismo tema contrariando principios constitucionales y generando  telaraña normativa que el ciudadano común, destinatario natural, poco  comprende y sufre.

 

Sin embargo, peor es el efecto  cuando la norma por mas innovadora, moderna y protectora que luzca, en la práctica resulta nociva por regir  en un momento histórico, político, circunstancial o sociológico  inadecuado.

 

Es decir cuando el balance del impacto social de la norma tiene resultado negativo.

 

Porque en vez de beneficiar, perjudica.

 

Un ejemplo inverso del desacople temporal sería sostener que  la reciente ley de matrimonio igualitario  que hoy resuelve una realidad que existió desde siempre, se hubiera intentado medio siglo atrás. Tal posibilidad habría sido imposible por cuanto otrora, hasta los propios beneficiados actuales ocultaban su condición.

 

Algo similar sucede  en nuestro país que desbordado de delincuencia se alza   contra la aplicación filosófica-penal del garantismo (Ferrajoli fines siglo pasado) que sostiene el fracaso del Estado por no asegurar en toda dimensión al ciudadano, las garantías constitucionales referidas al derecho penal sustantivo y adjetivo, que desemboca en la vulgarmente llamada puerta giratoria. Y tan nocivo es el efecto, que algunos extremistas en giro copernicano han llegado a sostener que si no se sanciona al sujeto activo del delito, correspondería castigar al funcionario que privó la garantía.

 

Estos ejemplos extremos sirven para llegar a la raíz de este intento, que es distinguir entre validez y eficacia de la norma cuando impacta en el emprendedor, considerado pieza clave en la generación de empleo.

 

El tema es tan complejo que si lo evaluamos  desde el bien jurídico tutelado puede generar mas dudas que certezas, con lo que la  solución tal vez haya que buscarla apelando a una justificación mediata, como sucede con la obligación al motociclista de usar casco a pesar que el derecho positivo del mismo Estado no castigue las auto lesiones provocadas –por ejemplo- en intento de suicidio, incongruencia que autoriza  interrogar ¿porqué exigir protección a quien no le importa su salud?. EL conflicto encuentra como dije, explicación mediata si se lo mide desde el gasto para restaurar salud si se computa que a mayor protección, menor será la lesión.

 

Cabe apuntar a esta altura que si nuestro Estado es ineficiente, pesado y deudor en sus obligaciones esenciales, mas lo será  para temas sin agenda, como la tutela e incentivación del emprendedor,  indiscutido líder, tutor y maestro en el primer empleo; generador  de actividad; introductor laboral; inicial contacto con la herramienta;  innovación tecnológica; secretos productivos; trabajo y socialización; formación de equipo; cumplimiento de horario; seguridad laboral; respeto mutuo;  adaptación a la norma, etc etc, todos aspectos que el ciudadano desplazado, sin trabajo y abandonado a su suerte,  difícilmente consiga.

 

La protección y guía que despliega el emprendedor es un paso inicial clave como se viera por estas épocas a nivel mundial con el fenomenal avance de las comunicaciones y globalización, que generó   exponencial crecimiento de la actividad privada mediante micro y pequeñas empresas (excepto  en nuestro país) que blindado por normas rígidas y legisladores sin cintura,  sepultaron al emprendedor. Y lo mas grave, empujaron  al ciudadano de todo nivel, a preferir el empleo público sobre el privado.

 

Mejores sueldos; menor jornada; estabilidad propia; mayores vacaciones y en algunos casos, exención impositiva, significó poderosa tentación  para científicos; profesionales; educadores; técnicos; fuerzas; operarios; obreros etc que hoy nacen, crecen y jubilan en un mega estado que ya sin recursos,  apela al endeudamiento –interno y externo- para sostenerse.

 

Sabemos que la principal fuente de la ley es la costumbre y la realidad social la principal motivación, que debería movilizar  al legislador a interpretar con sensibilidad el comportamiento del tejido, evitando que la norma se convierta en contrapeso.

 

Claro está que hay materias –como la impositiva- donde el ciudadano por lo general se incomoda, sobre todo cuando el dinero que llega al Estado por esa principal vía, no vuelve en progresos en obra pública, educación,  salud y seguridad.

 

Pues bien, hecha esta meteórica introducción, vale ir al objeto de esta entrega, evitando nombres propios, es decir, sin señalar específicamente qué ley, decreto u ordenanza  en vez de beneficiar perjudican al emprendedor.  Es decir, normas   que hoy frenan el inicio, a diferencia de lo sucedido a principios del siglo XX en que  emprendedores y trabajadores de todo el mundo venía a nuestro país.

 

El emprendedor está gravemente herido en su motivación, al punto que no emerge.

 

Seguramente no es por falta de ideas o capacidad mundialmente reconocida al joven argentino. La explicación se encuentra en la celosa precuación que al emprendedor toma frente a fenomenal plétora de rigurosas y desproporcionadas reglamentaciones que solo pueden cumplir los empresarios consolidados.

 

Es oportuno recordar que nuestro país exhibe  escandalosa tasa de desocupación y pobreza y que para una recuperación virtuosa bloqueando el crecimiento de empleo público, son necesarios varios millones de puestos formales y aditamos que la actualidad no es atractiva para inversiones extranjeros, los únicos que pueden reducir la brecha son los empresarios PYME  que hoy proveen  cerca del 90% de esas plazas, por lo que con  una absorción promedio de 15, estaríamos necesitando unas 200.000 PYME de manera urgente.  Lo  mas doloroso, es que lo dicho hasta aquí, es una realidad conocida. Todos saben que el emprendedor PYME  hoy vislumbra mas el impedimento y los riesgos que la viabilidad de su emprendimiento, porquen el platillo de su balanza, computa de un lado, un régimen laboral con escasas ventajas y plagado de sanciones incumplibles; alta presión impositiva; descalabro previsional; desajustes comerciales; impagables costos logísticos; ausencia de crédito; burocracia; etc etc y del otro, su aislada idea y conocimientos, que legisladores obtusos no valoran.

 

Está solo, levitando con su capacidad.

 

Un escenario desigual.

 

Insisto, el emprendedor existe pero está bloqueado por el temor; su panorama es un campo minado que prevalece a la motivación y a la idea innovadora.

 

Ergo, en primer lugar todos debemos aceptar que el emprendedor vs. desocupación (enfermedad social mas cruel), es el personaje mas imprescindible de estos  tiempos y es allí donde abrevar el legislador para dictar normas que liberen; que lo destraben; que destapen su cueva; dejarlo que hable y escucharlo;  que se muestre y haga volar  su capacidad innovadora.

 

No se trata de desproteger otros sectores, sino de crear escenarios de convivencia donde estos innovadores aparezcan y  desarrollen adaptados a normas inclusivas; paliativas de la emergencia; trocando ejes protectorios sin caer en informalidad o tal vez transfiriendo responsabilidades y abriendo un paréntesis de emergencia laboral.

 

Lo que no se puede es no hacer nada y taponar  al emprendedor. Al contrario, hay que regar su inteligencia porque es quien  mejor  conoce lo que sucede en su cercanía; lo que necesita su ciudad, su pueblo, su barrio.

 

El legislador debe encarar el problema con sensibilidad y prioridad; diríamos con furia y avanzando sin temor, ya que si bien últimamente se han dictado normas muy beneficiosas para las PYME, es evidente que no han sido suficiente.  

 

Hay que admitir la crisis y sin reprochar culpas, todas las fuerzas políticas abordar el tema, en la seguridad que un minuto es mucho para la necesidad y sufrimiento de tantos.

 

Para mitigar la injusticia social y dolor del aislamiento, vale ensayar; avanzar e incluso retroceder -en apariencia- si es necesario, pero siempre en búsqueda del alivio general.

 

Es necesario un movimiento constante en busca de normas equilibradas que conjuguen intereses, posibilidades, realidad social etc, con el único y primordial objetivo de alentar al emprendedor, como único  maestro que puede traer felicidad al desocupado y desamparado.

 

Estamos en emergencia y no se puede mirar al costado

 

Se impone actuar de inmediato.

 

El legislador tiene la palabra.

 

El emprendedor espera.

 

 

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