Luego de que pocas semanas atrás el Gobierno Nacional comunicara su intención de estatizar los fondos de las AFJP, por estos días trascendió que la administración de Cristina Fernández se encuentra analizando un proyecto de la CGT que pretende reformar el régimen de riesgos de trabajo, teniendo como punto más destacado la estatización del sistema, así como la desaparición de las aseguradoras que se encuentran operando. En la iniciativa presentada por los líderes sindicales al gobierno, se busca estatizar el sistema que les asegura a los trabajadores prestaciones médicas e indemnizaciones en caso de sufrir accidentes. En caso de que el proyecto llegase a  concretarse, el Poder Ejecutivo contaría con una suma de 4.500 millones de pesos por año entre aportes y contribuciones, con los que si se los suma los fondos incorporados como consecuencia de la estatización de las AFJP, podría incrementar el superávit fiscal, así como afrontar necesidades de financiamiento. Resulta importante destacar, que la mayoría de dichos fondos son activos líquidos, los cuales tienen la ventaja de ser fácilmente negociables en el mercado. Con relación a la posibilidad de que el mencionado proyecto pueda concretarse, tanto las aseguradoras que operan en el sistema, así como el sector empresario manifestaron su desacuerdo, al considerar que se estaría llegando a una situación preocupante como consecuencia de la desconfianza y de la inseguridad que ello produciría, a la vez que no se garantizaría el cumplimiento de las prestaciones.