El modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) será la base sobre la cual se firmará el acuerdo entre los países vecinos de Sudamérica pero con “varias modificaciones”.

Si bien ya se analizaron varios bocetos y “borradores” sobre el arreglo, el Gobierno de José Mujica les exige a los funcionarios de las administraciones tributarias y financieras de argentina ciertas garantías.

Entre las peticiones se encuentra la de implementar un mecanismo para evitar la doble tributación. Esto significa que una persona no pague impuestos por la misma actividad entre los dos países.

De esta manera, se busca que los cargas pagadas en Uruguay por un argentino sean reconocidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). También, otra de las propuestas del país oriental es que los funcionarios de las administraciones tributarias y financieras “no puedan desembarcar en el otro país” para realizar fiscalizaciones. Esto es contrario a lo que establece el modelo OCDE que Uruguay tiene con Francia.

Por último, el Gobierno de Mujica solicita que los pedidos de información no sean retroactivos, o sea no pueden realizarse por los acontecimientos que haya sucedido antes de la firma del convenio.