Opinión

Sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

g) En cuanto a las sanciones, la norma proyectada prevé que las personas jurídicas serán sancionadas, de forma conjunta o alternativa, a través de la aplicación de (i) multas de entre el 1% y el 20% de los ingresos brutos anuales; (ii) suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de diez años; (iii) la suspensión del uso de patentes y marcas, que -tampoco- podrá ser impuesta por mas de diez años; (iv) la publicación total o parcial de la condena por dos dias en dos diarios de circulación nacional; (v) la pérdida o suspensión de los beneficios o subsidios estatales de los que gozare; (v) la suspensiòn para acceder a beneficios o subsidios estatales, o para participar de concursos o licitaciones públicas o cualquier otra actividad vinculada con el estado, por diez años, como máximo; y hasta (vi) la cancelación de la persona jurídica, sanción que sólo podrá aplicarse si la persona jurídica hubiese sido creada al sólo efecto de la comisión del delito o si la comisión del mismo constituyera su principal actividad.

Serán agravantes el conocimiento y la tolerancia de la alta dirección de la persona jurídica, la existencia de graves daños a la comunidad, perjuicios ambientales o en la prestación de un servicio público, la existencia de un delito mantenido en forma continuada en el tiempo, y la reincidencia.

h) Una novedosa herramienta incorporada en el proyecto es que prevé la atenuación de la sanción por colaboración de la persona jurídica. En efecto, la sanción de multa se reducirá de un tercio a la mitad si la persona jurídica hubiera colaborado voluntariamente antes del inicio del proceso a fin de poner en conocimiento de las autoridades la existencia de los delitos previstos en la ley. O -también- durante el proceso, para aportar información o datos precisos, comprobables y útiles para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de las personas físicas o jurídicas que hubieren participado y/o el recupero del producto o las ganancias del delito. Pero nunca podrá ser inferior al uno porciento de los ingresos brutos anuales que la persona jurídica hubiere tenido en el último ejercicio anteiror a la comisión del delito. En todos los casos, la condena implicará también el decomiso de las cosas o ganancias obtenidas como producto del delito.

El ministerio fiscal y la persona jurídica podrán celebrar -en un marco de confidencialidad- un “acuerdo de colaboración eficaz” mediante el cual la persona jurídica asuma la obligación de cooperar a cambio de la suspensión de la persecución, a través de la revelación de información o datos precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o participes y/o el recupero del producto o las ganancias del delito, así como el cumplimiento de las condiciones que se establezcan en virtud de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 23 de la ley proyectada. Este acuerdo podría celebrarse hasta la citación a juicio. El acuerdo deberá ser aprobado por el juez de la causa y tendrá carácter público.

La incorporación de esta herramienta propia del “buen gobierno corporativo” debe ponderarse, ya que nos pondría en línea con los más modernos sistemas de regulación del mundo. De todos modos, debemos remarcar que la aprobación de la norma será sólo un primer paso en este sentido, ya que quedará luego un largo trabajo que realizar, dirigido al desarrollo de los mecanismos contractuales, societarios y jurisprudenciales adecuados para la implementación del sistema, y de la construcción de una cultura adecuada en el empresariado argentino. Este último, deberá incorporar esta nueva realidad, asumiendo la necesidad de implementar seriamente los controles adecuados necesarios, y de capacitar a su gente en el desempeño  y en la aplicación de los mismos.



« Anterior

 

17 de mayo 2017 | Sin comentarios | Comentar

Para recomendar esta nota por email, por favor complete el siguiente formulario: