Los integrantes de la Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil beneficiaron a los editores y algunos periodistas del diario La Nación por una serie de publicaciones referidas a la norma conocida como “Ley Barrionuevo”.

De esta manera, la justica rechazó una demanda contra los profesionales por daños y perjuicios basándose en los criterios de libertad de expresión contenidos en la Ley de Comunicación Audiovisual.

En el 2002, el Congreso se encontraba discutiendo la viabilidad de la norma, por la que se reinstalaba el pago del 2 por ciento del monto por comisiones o intereses que debían aportar los bancos para un programa de salud administrado por los sindicatos.

Algunos artículos de La Nación, difundidos entre el 19 de septiembre y el 16 de noviembre de 2002, ubicaban al dueño de una consultora como lobbysta e intermediario de los sobornos que habían salido a la luz.

Luego de una investigación penal, la justicia concluyó en que el hecho referido no existió. Por tal motivo, Julio César Saguier, Bartolomé Mitre y José Escribano fueron demandados por real malicia y desinterés por la verdad en la información publicada, al igual que los periodistas Jorge Berri, Mariano Obarrio, Gustavo Ybarra, Graciela Mochkofsky y María Villosio.

En su resolución, la Sala citó los artículos 1, 2 y 3 de la ley 26.522 para establecer el encuadre jurídico adecuado para el caso en los que se "hace referencia expresamente a la interrelación e interdependencia que existe entre los derechos humanos (derecho al honor, en el caso) y las libertades fundamentales (libertad de expresión en el caso); y a la necesidad de contemplar el respeto a la democracia, y al 'buen gobierno' en todos los niveles, así como al Estado de derecho democrático".

Con respecto a la aplicación de la norma, los magistrados remarcaron que "la normativa de la Constitución, los tratados aprobados por La Nación, y las conclusiones de cumbres mundiales o congresos sobre el tema, dieron origen a creaciones doctrinarias y jurisprudenciales actualmente volcadas en la nueva ley de medios".

Todos los actores involucrados del diario quedaron exentos de responsabilidad debido a la “gravedad institucional” de los hechos y que "no se acreditó que los accionados conocieran de antemano la falsedad de los hechos".