La Cámara de Diputados aprobó de forma unánime el proyecto de ley de los legisladores del PRO Daniel Lipovetzky y Oscar Moscariello para que se graven sanciones ante pintadas y grafitis en edificios, lugares públicos -establecimientos educativos y hospitalarios-, estaciones y vagones de subtes o trenes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Cabe señalar que la ley también contempla la afectación de bienes de propiedad privada, aunque, en este caso, la acción depende de instancia privada, con excepción de templos religiosos.

“Quien mancha o ensucia por cualquier medio bienes de propiedad pública o privada, es sancionado con uno a quince días de trabajos de utilidad pública o 200 a 3.000 pesos de multa. La sanción se eleva al doble cuando la acción se realiza desde un vehículo motorizado o cuando se efectúa sobre estatuas, monumentos, templos religiosos, establecimientos educativos y hospitalarios, edificios o lugares públicos, estaciones y vagones de subterráneos o de trenes”, establecieron los legisladores.

De esta manera, el Cuerpo Parlamentario modificó el artículo 80 del Anexo de la Ley N°1.472- Código Contravencional-, quedó redactado así: “Varios edificios y lugares públicos son blanco continuo de ataques de vandalismo que van desde la rotura hasta las pintadas en los mismos, el más común de los ataques”, afirman los fundamentos. Explican que “a las pintadas que sufrió hace algunos meses y sufre nuestra Legislatura, se suma la de otros edificios y lugares públicos (...) a las clásicas leyendas de campaña política, se suman también la modalidad del graffiti como expresión urbana, los que afectan con mayor frecuencia a edificios o lugares públicos, estaciones y vagones de subterráneos y/o trenes”.

Cabe recordar que repintar los vagones de subterráneos cuesta aproximadamente entre 35.000 y 40.000 pesos, por cada uno de ellos. Por tal motivo, en la actualidad solo se mantienen despejadas las ventanas del maquinista y el número de identificación de las formaciones.