Por Alberto J. Rivera, Daniel Francisco Di Paola y Cecilia Soledad Oubiña

El pasado 12 de mayo, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 671/2014, en virtud del cual dejó sin efecto la asignación de frecuencias efectuada oportunamente (Decreto Nº 2426/12, artículos 2, 3 y 6) a favor de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA “AR-SAT”. Dichas frecuencias corresponden al servicio denominado “3G” y son aquellas que la empresa Movistar (fusión de la empresa Movicom con Unifón) devolvió al Estado Nacional ya que, como consecuencia de la aludida fusión, excedió el máximo permitido de 50MHz.

Por otra parte, el mismo decreto ordena atribuir las bandas comprendidas entre 698 a 806 MHz, 1710-1770 MHz, 2110-2170 MHz exclusivamente a los servicios de Telecomunicaciones Móvil Terrestre. Estas frecuencias serán utilizadas para la prestación del servicio de comunicaciones móviles a través del sistema denominado “4G”.

Asimismo, el decreto instruyó a la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (“SECOM”) para que proceda a concursar públicamente tanto las frecuencias de 3G y 4G que se detallan en los párrafos precedentes. A tal efecto la SECOM deberá elaborar y aprobar los pliegos de bases y condiciones respectivos y llamar a concurso público para la adjudicación de dichas bandas.

Durante la presentación  –a cargo de los ministros de Economía (Axel Kicillof) y de Planificación Federal (Julio de Vido)–, el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, expuso que luego de la licitación el sistema duplicará la asignación de los actuales recursos, de 170 a 380 megahertz, y estará por encima de la media regional latinoamericana de 263 megahertz. Por ello el Gobierno estima que podría ingresar un cuarto operador de telefonía móvil al mercado local.

Si bien aún no se ha precisado la fecha de inicio para el proceso licitatorio ni si realizarán un solo concurso para 3G y 4G o dos independientes, los funcionarios señalaron que será "próximamente" y que demandará "entre seis y ocho meses".

De acuerdo con los considerandos del decreto, el concurso deberá desarrollarse de conformidad con los principios de eficiencia, trato no discriminatorio, promoción de la competencia, garantía de los derechos de los usuarios y promoción del acceso de las personas que habitan en zonas donde los servicios de comunicaciones móviles no se están prestando.