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Las Claves del Acuerdo Fiscal que Firmaron Argentina y Uruguay

El convenio que debe ser refrendado por los legisladores de ambos países, recién entrará en vigencia a los 30 días de recibida por la vía diplomática la última notificación mediante la cual las partes se comuniquen haber cumplido con los procedimientos previstos y tendrá duración indefinida.


El pasado 23 de abril, los gobiernos de Argentina y Uruguay firmaron un acuerdo de intercambio de información tributaria que entrará en vigencia a los 30 días de ser ratificado por ambos parlamentos.

Un dato que resulta importante señalar es que la información que se brinde en el marco del acuerdo será relativa a períodos fiscales posteriores a su entrada en vigencia, en otras palabras, no será retroactiva.

Para Martín Barreiro, socio de Baker & McKenzie, el principal interés de los países en firmarlo pasa principalmente para poder solicitar información vía fiscos de los contribuyentes a ambos lados del Río de la Plata.

“Además permite evitar la doble imposición cuando un residente de uno de los países desarrolla negocios en el otro país”, agregó el abogado.


Barreiro indicó también que el acuerdo excluye aquellas medidas que se encuentren únicamente dirigidas a la simple recolección de evidencias con carácter meramente especulativo  conocidas como "fishing expeditions".


Para Pablo Joaquín Kersman, socio de Baker & McKenzie, el convenio es estricto en cuanto a las formalidades que debe cumplir el pedido de información, indicando expresamente, entre otros requisitos, la identidad de la persona sometida a investigación y los motivos por los que se solicita la información.


Asimismo, el abogado explicó que el país que reciba el pedido de información podrá denegar la misma en la medida que no se hubieran cumplido todos los requisitos que éste prevé.


El acuerdo instrumenta mecanismos para evitar la doble imposición tributaria en materia de impuestos a las ganancias e impuestos patrimoniales.


Respecto a la importancia que tiene este acuerdo, Tomás Wilson Rae, titular de TWR Abogados, dijo que es un logro para Argentina ya que de alguna forma el Gobierno va a demostrar que está tomando acciones contra los grandes evasores que tienen propiedades en Uruguay.


Aunque en esa línea, el especialista en derecho tributario destacó que tienen que cumplirse una serie de condiciones. Y si bien reconoce que hay mucha gente preocupada por este tema, considera que la “preocupación es desmedida”.


Otro tema que Wilson Rae indicó a tener en cuenta es el referido a la retroactividad, ya que si bien sostuvo no se aplicaría a hechos que ocurrieron en el pasado, el acuerdo nada dice sobre la prescripción  y ésta según la Ley 11.683 de Procedimientos Fiscales de la Argentina es de cinco años.


“Una cosa es la información actual y otra sus consecuencias”, agregó el abogado. Por este motivo dijo que hay que esperar a ver si los legisladores  introducen alguna modificación.


El Acuerdo Punto por Punto


Las autoridades competentes –Ricardo Echegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos en Argentina y Fernando Lorenzo, ministro de Economía y Finanzas de Uruguay- se prestarán asistencia mutua mediante el intercambio de información que sea previsiblemente relevante para la administración y aplicación de la legislación interna con relación a los impuestos y asuntos penales tributarios comprendidos en el acuerdo.


- Podrán requerir aquella información que sea previsiblemente relevante para la determinación, liquidación, la implementación, el control y la recaudación de impuestos, para el cobro y la ejecución de créditos tributarios o para la investigación o el enjuiciamiento de asuntos tributarios.


- La información se intercambiará de conformidad con las disposiciones del Acuerdo y se tratará de manera confidencial.


- La parte requerida no estará obligada a facilitar la Información que no obre en poder de sus autoridades o que no esté en posesión o bajo el control de Personas que se hallen en su jurisdicción territorial.


- Cada país notificará al otro sobre todo cambio sustancial en la legislación que pudiera afectar sus obligaciones en virtud de lo establecido en el convenio.


- Cada parte garantizará que su autoridad competente está facultada para obtener y proporcionar, previo requerimiento:


a. Información que obre en poder de bancos, otras instituciones financieras y cualquier Persona que actúen en calidad de mandatario o fiduciario;


b. Información vinculada a la propiedad de sociedades, sociedades personales, fideicomisos, fundaciones y otras personas, la información sobre propiedad respecto de todas las Personas que componen una cadena de propiedad; en el caso de fideicomisos, información sobre los fiduciantes, fiduciarios y beneficiarios; y en el caso de fundaciones, información sobre los fundadores, miembros del consejo de administración u órgano similar y beneficiarios.


c. En todos los casos, cada parte asegura a la otra, acceso a toda la Información de propiedad de las sociedades (accionistas y/o socios, vinculación y constitución de sociedades).


Este acuerdo no impone a las partes contratantes la obligación de obtener o proporcionar información sobre la propiedad con respecto a sociedades que cotizan en Bolsa o fondos o planes de inversión colectiva públicos, a menos que dicha información pueda obtenerse sin ocasionar dificultades desproporcionadas.


Detalle de la Información Solicitada


Toda solicitud de información deberá formularse con el mayor detalle posible y deberá especificar por escrito:



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09 de mayo 2012 | Sin comentarios | Comentar

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