En el fallo "Crostelli, Fernando y otros", el Máximo Tribunal decidió frenar la aplicación de lo dictaminado por el juez Thomas Griesa, que obligaba a la Argentina a pagarle unos 10 millones de dólares a bonistas extranjeros.

Con la firma de los jueces Eugenio Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton, pero no así por el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema sustentó su decisión en una violación del orden público vinculada a la pretensión de los acreedores de los títulos Bonos Externos Globales.

Los magistrados remitieron el precedente “Claren”, en el cual Griesa había condenado al país a pagar bonos por 7,5 millones de dólares a la compañía extranjera. En este caso, salir de la reestructuración de la deuda soberana, por medio de la acción individual, fue considerado como una violación del orden público.

El Máximo Tribunal determinó que el fondo inverso no puede sustraerse con una sentencia extranjera del "proceso de reestructuración de la deuda pública dispuesto por el Estado Argentino mediante las normas de emergencia dictadas por las autoridades competentes de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional".

Cabe recordar que la demanda se inició a partir de la sentencia dictada por Griesa, en la cual se ordena  a la Argentina pagar en el país u$s10.636.731 a los actores en concepto de capital e intereses vencidos de los títulos Bonos Externos Globales 2008, 2010 y 2017.