Tras el desacato decretado por el juez neoyorquino, Thomas Griesa, quedaron en suspenso las sanciones que podría experimentar la Nación por no cumplir con lo ordenado por la justicia.

Entre ellas, y a pedido de los holdouts, liderados principalmente por NML y Aurelius, se encuentra el posible pago de los honorarios de los abogados de los fondos buitre desde que empezó el litigio, suma que rondaría los 400 millones de dólares.

Otra alternativa es que Griesa solo aplique la multa judicial, de 50 mil dólares por día. Si esto ocurriera, Argentina se vería en gastos de aproximadamente 18 millones de dólares al año.

También existen otras implicaciones para ex funcionarios del Ministerio de Economía, que luego del desacato emitido por Griesa podrían tener muchos problemas para ingresar nuevamente a los Estados Unidos.

El ex director de Crédito Público de Mecon, Francisco Eggers, había firmad un escrito en el que aclaraba que el país no iba a evadir las sentencias judiciales que fueran dictadas en el país americano.

Por otro lado, el ex jefe de Gabinete del Ministerio, Fabián Dall'O, había presentado un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York en el que se comprometía bajo pena de perjurio a garantizar que el país cumpliera con lo dictaminado por la justicia norteamericana.