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Clave tributaria de inversores del exterior: La Resolución General 3986-E/2017 de AFIP.

Estimamos que el domicilio electrónico al que se refiere aquí la Resolución debe tratarse de aquel del Administrador de Relaciones Apoderado, en caso que aún no lo tenga. De otro modo, la Resolución iría más allá de los fines que tuvo en cuenta, dado que su art. 1 era claro al especificar que la representación del Agente Financiero lo era “al sólo efecto de tramitar la referida Clave”.  La constitución del domicilio electrónico es algo que, evidentemente, va mucho más allá. Y debería en su caso ser atendido con cuidado por el inversor, dado que allí podrá quedar notificado en lo sucesivo de una serie de cuestiones relacionadas con su situación fiscal, conforme lo previsto por el art. 14 de la Resolución General N° 2109/2006. Por otra parte, si así fuera el caso, creemos que el inversor debería poder elegir, al solicitar la apertura de la cuenta, el domicilio electrónico que prefiere constituir. Sin embargo, el Anexo aprobado por la Resolución no contiene entre los datos a suministrar al momento de solicitar la CIE, un domicilio electrónico propuesto. Como no parece conciliable la noción de un domicilio constituido (como dice el final del artículo) con uno asignado automáticamente (como dice el mismo artículo previamente), concluimos que no debería tratarse del domicilio fiscal del inversor extranjero, sino del Administrador de Relaciones Apoderado, en caso que aún no lo tenga. Sin embargo, la Resolución no es clara en este sentido.

5. El art. 5 prevé que los “sujetos a que se refiere el Artículo 1°” (estimamos que son los Agentes Financieros, aunque el art. 1 también menciona a los extranjeros quienes requieren la apertura de la cuenta) serán responsables de que “la información (datos y documentación en formato digital) transmitida para la obtención de la Clave de Inversores del Exterior (CIE) se corresponda con la documentación respaldatoria”, algo que no podría ser de otra manera, dado que todo el trámite es realizado por el Agente Financiero por lo cual no existe lógicamente nadie más que pueda ser responsable. Además, deben “proceder al resguardo y conservación de la documentación de respaldo por un plazo de DIEZ (10) años, así como de toda aquella necesaria en materia de prevención del lavado de activos requerida por la Unidad de Información Financiera (UIF) o en cumplimiento de normas dispuestas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y/o la Comisión Nacional de Valores (CNV)”.  Más cargas administrativas para los Agentes Financieros (acopio de documentación, backup de información). Por otra parte, la Resolución avanza sobre materias que no son de su competencia como el plazo para mantener el resguardo de información requerida por UIF, BCRA o CNV, que bien podrían establecer un plazo distinto para conservar la documentación que este artículo menciona.

6. El segundo párrafo del art. 6 prevé, en una clara extralimitación de las facultades de AFIP, que “teniendo en cuenta que las sociedades constituidas en el extranjero se hallan habilitadas, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 118 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, texto ordenado en 1984 y sus modificaciones, para ejercer en forma habitual los actos comprendidos en su objeto social, de corresponder, deberán dar cumplimiento a lo estipulado en el Anexo A, Libro III, Título III de la Resolución General N° 7/2015 de la Inspección General de Justicia (IGJ) y sus modificaciones”. En criollo, que si quieren ejercer actividad habitual, deben registrar una representación local. Más allá de la extralimitación de la Resolución (que por otra parte es redundante puesto que tal registración ya la establece el art. 118 de la ley citada), llama la atención dos circunstancias: la primera es la referencia a “de corresponder” (por tautológica) y la segunda es la referencia a las normas de la Inspección General de Justicia, órgano con competencia y jurisdicción exclusiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué ocurrirá con quienes deseen abrir una cuenta en un Agente Financiero en cualquier otro lugar del país? ¿Y con los que no deseen tener actividad habitual en Argentina? Recordemos, además, que la Ley General de Sociedades prevé la inscripción para constituir una sociedad en el país en su art. 123.Sin embargo ello no es óbice para ser titular de una tenencia accionaria adquirida en el mercado de capitales o, incluso, para adquirir otro tipo de activo financiero.

Estimamos que aquellas empresas extranjeras que no tengan por intención ejercer con habitualidad actos comprendidos en su objeto social podrán desestimar lo dicho en este artículo sin riesgo alguno, pero, ciertamente, la existencia de este párrafo le hace flaco favor a la buena técnica legislativa.

7. El Anexo aprobado por la Resolución también nos presenta alguna duda. El art. 2 del Anexo, que establece los datos y documentación a presentar a efectos de la solicitud de la CIE, prevé en su punto 8 que deberá ingresarse en el servicio web un “Archivo digital con el documento que acredite la constitución de la entidad en idioma original y su traducción al español y del acto expreso de delegación del “Administrador de Relaciones Apoderado”. Creemos que de aquí se deduciría que el inversor extranjero deberá hacer llegar un ejemplar que acredite su constitución, con traducción pública y, además, celebrar un “acto” (nuevamente las dudas sobre qué tipo de acto es necesario…) donde se designe a la autoridad del Agente Financiero como “Administrador de Relaciones Apoderado”. ¿Acaso la técnica legislativa es tan pobre que realmente existe la posibilidad de “proponer” a un sujeto y que sea éste el representante?. “Detalles” de la Resolución que seguramente la práctica y la realidad de los negocios irán puliendo.

8. Como conclusión nos preguntamos si, en pos de facilitar la inversión extranjera en Argentina, no hubiera sido más sencillo modificar las normas referidas a la obtención del CDI de modo que se posibilite el trámite para estos sujetos en particular a través de aquél que ellos, voluntariamente, han designado como su representante en el país y olvidar todas las dudas mencionadas, cuya resolución no parece ni ágil ni sencilla.

(1) Es decir las entidades financieras comprendidas en la ley 21.526 y los denominados hoy por la reglamentación Agentes de negociación, de liquidación y compensación, y de administración de productos de inversión colectiva previstos en el art. 2 de la Ley 26.831.

(2)  La Resolución específicamente menciona a personas jurídicas, agrupaciones no societarias y/o cualquier otro ente colectivo residente en el exterior, constituido en un país o jurisdicción no identificado como de alto riesgo o no cooperante.



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16 de febrero 2017 | Sin comentarios | Comentar

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