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Caso “Soresen”: Entrevista al Juez Mario Juliano


 


Por Diego Goldman

Hace algunos años, revisando bases de jurisprudencia para armar mis “clases” en la facultad, comencé a toparme cada vez más seguido con las sentencias de un Tribunal Oral de la ciudad de Necochea que parecía empeñado en desafiar buena parte de los lugares comunes del Derecho Penal, replantear cosas que se tenían por obvias y sorprender con puntos de vista polémicos e innovadores.

Con el tiempo y una serie de casualidades mediante, tuve la suerte de conocer personalmente a uno de los integrantes de ese Tribunal que puso a Necochea en el “mapa” de los lugares jurídicamente relevantes de nuestro país. Su nombre es Mario Juliano, tiene cincuenta y dos años, cinco hijos, es abogado egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesor invitado de Derecho Penal en la Universidad Nacional del Comahue, presidente y fundador de la Asociación Pensamiento Penal y Juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Necochea.

Con la excusa de un caso reciente en el cual la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires anuló una sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Necochea, en la cual se había impuesto una condena por debajo del mínimo de la escala penal a una persona imputada del delito de homicidio simple y que tuvo cierta repercusión en los medios de comunicación, me di el gusto de entrevistar al Dr. Juliano para conocer sus ideas sobre el caso concreto y sobre algunas cuestiones más generales del panorama penal. Espero que la disfruten.
 

Diego Goldman: ¿Cómo ocurrieron los hechos del caso “Sorensen”?

Mario Juliano: De acuerdo a lo probado en la causa, los hechos que terminaron en juicio tuvieron su origen alrededor de las 22.30 horas del 22 de diciembre de 2001. Quien luego sería el imputado, el señor Carlos Alberto Sorensen, de 48 años para esos entonces, había terminado de cenar y se dirigió a una de la avenidas principales de la zona periférica de Necochea para distraerse un poco. Que de acuerdo a lo que en forma espontánea declaró el propio Sorensen y se corroboró con otros elementos de prueba, es en esas circunstancias cuando a unos 100 metros de distancia ve aproximarse en su dirección, caminando, a tres personas, dos chicas y un muchacho, quienes se reían. Que a Sorensen le pareció que se estaban riendo de él, de tal forma que esperó a que se aproximaran, y cuando los tuvo cerca les preguntó de qué se reían, a lo el joven respondió preguntándole qué era lo que le pasaba o lo que quería.

Sorensen relata que cuando el muchacho se da vuelta para contestarle “se le venía agrandando”, “que no podía creer lo que veía”, y que después “pasó lo que pasó”, que fue que sin mediar más palabras, extrae de entre sus ropas un cuchillo que llevaba consigo, asestando una puñalada en el tórax el muchacho, produciéndole la muerte en forma casi instantánea.

Que lo único que Sorensen dice recordar en forma inmediata posterior al hecho es cuando una persona le decía que se pudiese contra la pared y que dejara el cuchillo en el piso, y luego su propia desesperación para pedir una ambulancia.

Al momento de los alegatos, la Fiscalía pidió que se condenase al imputado a la pena de diez años de prisión por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio, mientras que la Defensa sostuvo que debía absolverse libremente a su representado, ya que en los hechos había obrado decisivamente influido por un error de prohibición, al entender que se defendía de una agresión de parte de quien luego sería la víctima fatal, y que además debía declararse su inimputabilidad por alteración morbosa de sus facultades mentales, en los términos del artículo 34.1 del Código Penal.
 

DG: ¿De qué forma se arriba a establecer la imputabilidad disminuida de Sorensen?

MJ: Luego de haber recibido la prueba producida en el debate oral y público, y especialmente los diversos informes periciales piquiátricos y psicológicos referidos a la persona del imputado, el Tribunal concluyó en forma unánime en que si bien el señor Sorensen comprendía la antijuridicidad de los actos y se encontraba en condiciones de dirigir sus propias acciones, lo cierto es que de acuerdo a la afección que en forma coincidente detectaron los especialistas, la misma obraba como una suerte de disparador que le impide motivarse adecuadamente en las normas, ya que se forma una idea errónea de la realidad. Es decir, que si bien Sorensen se encuentra en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos, le cuesta mucho mayor esfuerzo hacerlo que al resto de las personas.

Los peritos intervinientes fueron coincidentes en dictaminar que el imputado presentaba un trastorno de la personalidad del tipo A, con rasgos esquizotípicos, paranoides y dependientes, evidenciando miedos y presentando un comportamiento impulsivo agresivo (dificultades en el control de los impulsos) ante situaciones que él mismo considera riesgosas o peligrosas para su propia persona. Se lo describió como alguien infantil, inmaduro, pueril,  con un coeficiente intelectual normal, que se cuida mucho de no ser dañado y que se defiende a través del ataque. Los especialistas también coincidieron en que, al momento del ataque, Sorensen debió haberlo hecho en el convencimiento que estaba siendo objeto de una agresión ilegítima por parte de la víctima.
 

DG: Antes de pasar a cuestiones más generales, me gustaría hacerte una pregunta respecto de cómo formaste tu convicción en el caso concreto. ¿Cuanto creés que influyó, si influyó en algo, el contacto personal con el imputado a formar tu convicción en el sentido de que estabas ante una persona con una capacidad disminuida para ser culpable, más allá del resultado de los peritajes psiquiátricos y psicológicos?
 
MJ: El sistema de la oralidad para el juzgamiento de las causas penales (en realidad debiera implementarse la oralidad para el juzgamiento de cualquier tipo de causa) representa notables beneficios, tanto para las partes como para el juez al momento de hacer su trabajo.

El contacto directo con los protagonistas del proceso (el imputado, la víctima o sus familiares, los testigos, los peritos) permite formarse una impresión más acabada sobre la ocurrencia de los hechos y las características de las personas involucradas en el mismo, aún con las limitaciones que supone aproximarse a un concepto un tanto inaprensible como lo es la verdad (de hecho, adhiero a la idea que los jueces deben limitarse a postular sobre la verdad procesal, adquirida durante el juicio).

En el caso concreto, compartir los dos o tres días que duró el juicio con el imputado, observar sus movimientos, su forma de actuar, sus reacciones, su modo de decir las cosas, es un elemento más que contribuye a formar convicción sobre un concepto tan dinámico como lo es la culpabilidad, que por fuera de los aportes de los especialistas, es un concepto jurídico.

Los jueces somos igualmente influenciables e impresionables por los hechos del mundo exterior como cualquier otro individuo, y en ocasiones, el contacto directo con los interesados contribuye a formar convicción sobre las cosas.

DG: Una de las críticas que recibió la sentencia fue que violaba el principio de legalidad, al imponerse una pena por debajo del mínimo legal. ¿Qué opinás respecto de la utilización de la garantía de legalidad para defender no ya al imputado, sino un supuesto "derecho a castigar" de las víctimas o la sociedad en su conjunto?

MJ: El fallo del Tribunal de Casación bonaerense que casó la sentencia dada por el Tribunal que integro en lo atinente a la pena impuesta (es de recordar que en el caso se había decretado la inconstitucionalidad del mínimo de la escala del delito de homicidio e impuesto una pena de 4 años de prisión) adolece de varias cuestiones a mi juicio criticables, y una de ellas es la que vos apuntás.

Si bien es cierto que el Código Procesal bonaerense no tiene una cláusula expresa que así lo disponga, es esencia del derecho internacional de los derechos humanos (artículos 1.1 CADH y 2.1 PIDCP) que los derechos y garantías reconocidos por la ley no pueden ser empleados en contra de sus destinatarios. Y ciertamente que el principio de legalidad es una garantía cuyo destinatario específico es el imputado por la comisión de un delito, quien tiene el derecho de saber y conocer si la conducta que se le atribuye es subsumible en algún tipo penal vigente, determinando con precisión los límites entre lo punible y lo impune.


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14 de mayo 2008 | Sin comentarios | Comentar

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