Opinión

Breve análisis descriptivo de la reforma en el régimen de riesgos del trabajo introducida por Ley 27.348

El organigrama procesal dispuesto en la ley elimina la posibilidad de que el trabajador pueda elegir la Jurisdicción tomando el domicilio de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Era frecuente que trabajadores de distintas jurisdicciones del país, inicien sus demandas ante la Justicia Nacional del Trabajo, denunciando el domicilio de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo que poseían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de ahora ello no es posible, ya que el juicio tramitará en la jurisdicción correspondiente a la comisión médica interviniente, que sería la correspondiente al domicilio de trabajador o el lugar de trabajo.

7) Nuevo parámetro de cálculo de honorarios periciales en juicio

Otro cambio significativo respecto del régimen procedimental es el referido a los honorarios periciales. La ley establece que los peritos oficiales que intervengan en las controversias judiciales que se susciten en el marco de la ley 24.557 y sus modificatorias, deberán integrar el cuerpo médico forense de la jurisdicción interviniente o entidad equivalente que lo reemplace; y sus honorarios no podrán ser variables ni estar vinculados a la cuantía del juicio.

Tomando en consideración que en algunas jurisdicciones no existen cuerpos médicos forenses en cantidad suficiente intervenir con celeridad, se establece al Tribunal la facultad de habilitar mecanismos de inscripción de profesionales médicos que expresamente acepten parámetros de regulación de honorarios en base a montos fijos.

8) Pactos de cuota litis

La ley mantiene y reafirma la prohibición de los pactos de cuota litis en procesos judiciales que se susciten en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo.

9) Invitación a las provincias a adherir

En su art. 4, la ley 27.348 invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir al “Título I” de la norma, es decir, a todos los cambios en el procedimiento descriptos en los puntos anteriores.

En gran medida, el resultado de esta invitación determinará, el éxito o fracaso de la presente reforma, toda vez que sin esta adhesión, las modificaciones procedimentales serían inaplicables en las respectivas jurisdicciones por resultar violatorio del art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, entre otros fundamentos expuestos por la misma Corte en el fallo “Castillo” (CSJN, 07/09/2004).

10) Autoseguro público provincial

En el Título II de la norma, se prevé la posibilidad de que las provincias y sus municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puedan autoasegurar los riesgos del trabajo definidos en la ley 24.557, estableciendo un régimen específico al efecto.

11) Incapacidad Laboral Temporaria

La ley 27.348 incorpora asimismo otras modificaciones como la de elevar el plazo de la Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) de uno a dos años contados desde la primera manifestación invalidante, lo que se puede enmarcar en una mejora para el trabajador damnificado. Asimismo, aclara que en los supuestos de que el trabajador damnificado se reincorpore y vuelva a estar de baja por la misma contingencia (enfermedad o accidente), a los fines de la terminación de la ILT, se sumarán los períodos hasta agotar el plazo de dos años.

12) Ingreso base

En cuanto al ingreso base, para evitar el deterioro de dicho ingreso por efectos de la inflación, también se introduce una mejora para el damnificado, estableciéndose que a los fines de su cálculo se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante. Que tales salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio, se actualizarán por el RIPTE.

Aquí también se introduce que el salario que se deberá tomar es el establecido por el art. 1 del Convenio 95 de la OIT. Este agregado no es casual, sino que buscará zanjar o resolver la controversia sobre la inclusión de determinados rubros no remunerativos que hoy conforman el ingreso de muchos trabajadores y han sido fuente de litigiosidad.

Asimismo, se establece que desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización, el ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa del Banco Nación.

Por último, se incorpora una cláusula que básicamente invoca aplicación del art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto que a partir de la mora en el pago de la indemnización, se acumularán los intereses y el capital; y el producido devengará intereses a la tasa activa del Banco Nación, hasta la efectiva cancelación del crédito.

13) Compensaciones adicionales de pago único

La ley viene a intentar aclarar situación respecto de la aplicación del RIPTE, que ha generado numerosas controversias. De este modo establece que sólo a las compensaciones adicionales de pago único (art. 11 ley 24.557) y a los “topes mínimos” establecidos por el Dto. 1694/09 desde el 1/1/2010 hasta la fecha de la primer manifestación invalidante de la contingencia, se les debe aplicar el índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estatales), descartando de este modo cualquier otra aplicación no prevista legalmente. Recordemos que esta misma ley incorpora la aplicación del índice RIPTE al cálculo del ingreso base a los fines del cálculo de las prestaciones.

14) Cuestiones vinculadas a la rescisión del contrato de afiliación

En el art. 12 dela ley en análisis, se establece que la A.R.T. podrá extinguir el contrato de afiliación de un empleador en caso que se verifique la falta de pago de dos cuotas mensuales consecutivas o alternadas.

Asimismo, se amplía de dos a tres meses el plazo durante el cual se encuentran cubiertas las contingencias que ocurran a los trabajadores de empresas cuyo contrato se extinguió por falta de pago. La A.R.T. podrá repetir del empleador el costo de las prestaciones otorgadas dentro del plazo de tres meses mencionado.

15) Otros aspectos incorporados por la ley 27.348

15.1) Depósito de prestaciones dinerarias: las referidas prestaciones deberán obligatoriamente ser depositadas en la cuenta sueldo del trabajador (art. 17).

15.2) Gastos a cargo de la A.R.T. y de la Obra Social: el art. 18 dela ley establece que los gastos en que haya incurrido la obra social del trabajador y que resulten cubiertos por la ley 24.557, están a cargo de la A.R.T. y viceversa

15.3) El art. 19 encomienda a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, elaborar un proyecto de ley de Protección y prevención laboral dentro de los tres meses.

16) Vigencia

La ley 27.348 no ha establecido plazo alguno de entrada en vigencia, por lo tanto rige el artículo 5° del Código Civil y Comercial de la Nación que establece que las leyes rigen después del octavo día de su publicación en el Boletín Oficial. No obstante ello, habrá que analizar en la casuística concreta qué régimen se aplica, dependiendo de las jurisdicciones donde ocurra el siniestro; ya que –recordemos-, las provincias aún deben adherir a las modificaciones procedimentales incorporadas en la ley.

Por último, en el art. 20 se aclara que las modificaciones relativas a la conformación del “ingreso base”, tasa de interés aplicable desde la primera manifestación invalidante hasta la liquidación de la indemnización y los intereses por falta de cumplimiento de pago de indemnización fijado en el art. 11 de la ley 27.348, se aplicará a las contingencias cuya primera manifestación invalidante resulte posterior a la entrada en vigencia de la presente normativa.

17) Algunos posibles reparos constitucionales

Sin intentar profundizar sobre la constitucionalidad o no de las modificaciones introducidas por la ley 27.348, ya que excede el propósito de este trabajo;mencionaremos algunos aspectos que pueden resultar controvertidos y seguramente serán planteados ante los Tribunales.

17.1) El primer aspecto que recibió múltiples críticas fue el relativo a la validez constitucional de la sanción de la norma como un Decreto de Necesidad y Urgencia, cuestionándose si se dan situaciones excepcionales de “necesidad y urgencia” que justifiquen la reforma al régimen de riesgos del trabajo. Dado que finalmente se dejó sin efecto el DNU y se aprobó la reforma con rango legal, este aspecto ya quedó subsanado.

17.2) El segundo reparo y posiblemente el más complejo de resolver es el de la validez constitucional de establecer una instancia obligatoria, previa y excluyente de las Comisiones Médicas como condición para acceder a la justicia (tanto en lo que hace a la acción sistémica como a la extrasistémica). Asimismo, se critica la atribución de funciones consideradas “judiciales” a las referidas comisiones, en lo que hace a determinar la naturaleza laboral o no de un accidente o enfermedad.

17.3) Dado que se establece que el recurso ante las comisiones médicas debe ser resuelto por el Tribunal de Alzada por vía de recurso, algunas críticas recaen en la inexistencia de doble instancia judicial y la restricción en la revisión judicial ya que se establece que será por vía de recurso y no de acción.

17.4) También podrá generar controversias la continuidad de un listado de enfermedades profesionales cerrado.

No vemos factible que a corto plazo se produzca una reducción de las alícuotas abonadas por los empleadores. Por el contrario, dado que esta ley no se aplica retroactivamente a procesos en curso y además, introduce algunas mejoras en el ingreso base y la incapacidad laboral temporaria, entre otras. Posiblemente, si la ley logra sortear obstáculos constitucionales que se plantearán y obtiene adhesión de las provincias; a mediano o largo plazo conseguirá el objetivo de reducir litigiosidad y, esperemos, disminuir las alícuotas que se cobran a los empleadores.  




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10 de marzo 2017 | 2 comentarios | Comentar

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Sebastián Baillot

Sinceramente, por qué en vez de hacer una ley inconstitucional que ajusta por el lado de los abogados y los actores, por qué no tratan de mejorar la seguridad e higiene en el trabajo? que es la real causa de los litigios

10 de marzo 2017

carolina

Se tendría que aplicar verdaderas sanciones a los empleadores que no cumplan con la seguridad e higiene, ya que los trabajadores no quieren verse lesionados en su capacidad física y psíquica, sino trabajar. Me pregunto ¿Qué trabajador se le pasaría por su mente , ver disminuida su capacidad laboral y por consiguiente no acceder a su puesto de trabajo y/o a otras futuras reinserciones laborales.-

14 de marzo 2017